inclusión educativa

Jurisprudencia reciente sobre la inclusión educativa en el sistema colombiano

La inclusión educativa es un principio fundamental en el sistema colombiano, respaldado por la Constitución Política y la normativa internacional en materia de derechos humanos. En los últimos años, la jurisprudencia colombiana ha desempeñado un papel crucial en la promoción y protección de este principio, estableciendo precedentes significativos que refuerzan el acceso equitativo a la educación para todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales. En este contexto, el análisis de la jurisprudencia reciente sobre la inclusión educativa emerge como un elemento esencial para comprender el estado actual del sistema educativo colombiano y para identificar los desafíos y oportunidades que enfrenta en materia de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes. En este texto, exploraremos las decisiones judiciales más relevantes y sus implicaciones en el avance de la inclusión educativa en Colombia.

Sentencia T-320 DE 2023 de la Corte Constitucional sobre Inclusión Educativa

El año pasado, la Corte Constitucional estudió el caso del joven Agustín, narrado por su padre, el señor Enrique, el cual revela una situación delicada en la educación. El estudiante Agustín tiene toxoplasmosis congénita que afecta su sistema óseo, encefálico y habilidades de aprendizaje, sumado a limitaciones en la movilidad de su brazo derecho. A pesar de estar matriculado en el colegio Los Yarumos de Florencia en el grado sexto, Agustín no ha sido verdaderamente incluido en el proceso educativo, careciendo de la asistencia docente especializada necesaria. El padre manifiesta que su hijo está como mero observador de los procesos de aprendizaje. A través de la terapeuta ocupacional, se solicitó a la Secretaría de Educación de Florencia la inscripción de Agustín en el programa GEEMPA, buscando mejorar su desarrollo ocupacional y bienestar. Sin embargo, el proceso de matrícula fue obstaculizado por la Secretaría, instando al padre a volver a matricularlo en educación regular, lo que fue rechazado por Enrique.

Este último, a través de una petición dirigida a la entonces ministra de educación, María Victoria Angulo González, solicitó la matrícula de Agustín en una institución con personal especializado, además de la cobertura de los gastos educativos por parte del Estado. La respuesta de la Secretaría de Educación de Florencia no satisfizo las exigencias de Enrique, quien recurrió a una acción de tutela cuestionando la falta de información detallada sobre los docentes especializados en atención al problema de Agustín y el presupuesto destinado a la educación de su hijo. En esta acción de tutela, Enrique solicitó la matrícula de Agustín en una institución con personal especializado, garantía de transporte y cobertura de los gastos educativos, con la especificación de los nombres de los docentes y el presupuesto necesario.

¿Qué dice la Sentencia T-320 DE 2023 de la Corte Constitucional?

El desarrollo normativo del derecho a la educación de las personas con discapacidad en Colombia ha sido significativo a lo largo de los años. Inicialmente, la Ley 115 de 1994 integró la educación de personas en situación de discapacidad como parte del servicio público de educación, estableciendo la obligación de los establecimientos educativos de promover su integración académica y social. Posteriormente, la Ley 361 de 1997 incluyó un capítulo específico sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, promoviendo su integración en las aulas regulares.

Bajo el enfoque de educación inclusiva, la Ley 1618 de 2013 otorgó competencias al Ministerio de Educación y a las entidades territoriales certificadas en educación para garantizar recursos, acompañamiento y seguimiento en el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en el sistema educativo. Esta ley también estableció responsabilidades para los establecimientos educativos, como la implementación de acciones de prevención de exclusión y discriminación, la adecuación de sus planes institucionales y la adaptación de currículos y prácticas pedagógicas.

De igual forma, el Decreto 1421 de 2017 reglamentó el marco de la educación inclusiva en Colombia, incluyendo disposiciones sobre financiación, vinculación de docentes de apoyo pedagógico y adquisición de recursos técnicos y tecnológicos para garantizar la educación inclusiva de las personas con discapacidad. 

La siguiente es una tabla sobre las responsabilidades de los diferentes actores en el sistema educativo colombiano.

Actores

Responsabilidades

Ministerio de Educación Nacional

·         Dictar los lineamientos normativos, administrativos, pedagógicos y técnicos para la educación inclusiva.

·         Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en la atención de las personas con discapacidad y la elaboración de los Planes de Implementación Progresiva (PIP) del decreto.

·         Diseñar y hacer seguimiento a los indicadores de la educación inclusiva.

 

Secretaría de educación de las entidades territoriales certificadas en educación

·         Definir la estrategia de atención educativa de las personas con discapacidad y su plan progresivo de implementación, al igual que distribuir los recursos recibidos por los estudiantes con discapacidad reportados en el Simat.

·         Realizar un informe anual sobre el impacto de la estrategia implementada.

·         Gestionar los ajustes razonables requeridos por las instituciones educativas para garantizar de manera gradual la atención educativa de las personas con discapacidad.

·         Definir y gestionar, desde el inicio del año escolar, el personal de apoyo requerido.

·         Articular con la secretaría de salud los procesos de diagnóstico, valoración y atención que requieran los estudiantes con discapacidad.

·         Prestar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos para la consolidación de los PIAR, los Planes de Mejoramiento Institucional y la creación de las historias escolares de los estudiantes con discapacidad.

·         Fortalecer la capacidad de los establecimientos educativos para adelantar procesos de escuelas de familias y otras estrategias que vinculen a las familias al proceso de formación de los estudiantes con discapacidad.

 

Establecimientos educativos

·         Incorporar el enfoque de educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes en su Plan Educativo Institucional (PEI) y en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

·         Crear y actualizar la historia escolar de los estudiantes con discapacidad.

·         Proveer las condiciones para la elaboración de los PIAR.

·         Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los informes anuales de competencias.

·         Hacer seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad, según el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes.

·         Establecer un diálogo permanente, dinámico y constructivo con las familias de los estudiantes con discapacidad.

·         Realizar procesos internos de formación de docentes con enfoque de educación inclusiva.

 

Familias

·         Matricular anualmente al niño, niña o adolescente en un establecimiento educativo.

·         Cumplir los compromisos del PIAR y respetar las actas de acuerdo para fortalecer el proceso escolar del estudiante.

·         Establecer un diálogo constructivo con los demás actores del sistema educativo.

·         Participar en los espacios de formación y fortalecimiento, al igual que en los de socialización de los avances de aprendizaje del estudiante.

·         Realizar veeduría permanente a lo establecido en el Decreto 1421 de 2017.

La decisión de la Corte Constitucional

La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional resolvió el caso de Agustín, un joven con discapacidad cognitiva representado por su padre, el señor Enrique, quien solicitó amparar los derechos de su hijo a la educación inclusiva, al transporte, a la igualdad y a la dignidad humana. Aunque Agustín estaba matriculado en una institución educativa regular en Florencia, su padre argumentó que nunca tuvo una verdadera inclusión en el proceso educativo debido a la falta de acompañamiento de personal docente capacitado en temas de discapacidad, siendo solo un observador en el aula. La Sala decidió vincular a la Institución Educativa al trámite constitucional, decretar pruebas y solicitar información sobre la implementación de la educación inclusiva a nivel nacional y en Florencia.

En el análisis del caso concreto, la Sala concluyó que la institución educativa y la Secretaría de Educación de Florencia vulneraron el derecho a la educación inclusiva de Agustín al omitir la formulación y actualización de un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) durante los años 2018, 2019 y 2020. El PIAR formulado en 2021 no abordó adecuadamente las necesidades de inclusión del estudiante, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Como resultado, se tomaron medidas para corregir estas deficiencias y garantizar que el derecho fundamental de Agustín a la educación inclusiva tenga efectos reales, más allá de la simple verificación de estándares normativos.

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